Colombia llega al voto con seis deepfakes y un Estado que solo puede mirar

A 48 horas de la segunda vuelta, Colombia demuestra que detectar la desinformación sin poder sancionarla no frena la erosión democrática: la documenta.

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A dos días de la segunda vuelta presidencial colombiana, apareció el sexto deepfake de la campaña: un video falso que afirma que el candidato Iván Cepeda tiene cáncer de colon avanzado con metástasis y se administra morfina a diario. Cepeda respondió publicando un certificado médico que desmiente cualquier recurrencia activa y anunció acciones legales (El Tiempo). Es el sexto montaje generado con inteligencia artificial en 21 días de campaña, y esta vez el blanco no son las ideas del candidato, sino su cuerpo.

Veníamos siguiendo este caso como el experimento de IA electoral más documentado de la región, y hoy se cierra con una paradoja incómoda. Desde las 18:00 de hoy y hasta el 22 de junio rige una ley de orden público: el Ministerio de Tecnologías (MinTIC) y el equipo de respuesta ColCERT despliegan un monitoreo de deepfakes en tiempo real, hora por hora; Estados Unidos emitió una alerta formal sobre el proceso, y más de 50 organizaciones civiles pidieron a ambos candidatos comprometerse en público a reconocer el resultado. Pero hay un problema de calendario que lo define todo: la Ley 2502, la norma que da el mecanismo para sancionar los deepfakes, no entra en vigencia hasta julio de 2026. El Estado puede detectar, puede alertar y puede vigilar minuto a minuto —pero no puede castigar.

Esa es la lección que Colombia deja como precedente regional, y vale para todos los que vienen detrás. Lo que queda demostrado no es solo un récord de seis deepfakes por campaña: es que la capacidad de detección sin capacidad de sanción no protege la democracia, sino que documenta con precisión cómo se erosiona. Brasil, que vota en octubre de 2026, Chile y el resto de la región llegan a sus propios ciclos electorales con este experimento como único antecedente a mano. Lo que pase el 21 de junio se mirará de cerca.

También hoy

En la región

La próxima semana, el 25 y 26 de junio, Santo Domingo recibe la Tercera Cumbre Ministerial sobre Ética de la Inteligencia Artificial en América Latina y el Caribe, organizada por la UNESCO, el banco de desarrollo CAF y la oficina dominicana de gobierno digital. Reúne a ministros de ciencia y tecnología de la región apenas cuatro días después del voto colombiano, y en un contexto cargado: un veto a los modelos más capaces de Anthropic que se decidió sin consulta regional, seis deepfakes electorales en Colombia y la ausencia de la región en el G7. Hoy los desarrolladores latinoamericanos pueden elegir entre tres modelos de frontera disponibles —Grok 4 de xAI, GLM-5.2 de Zhipu y GPT-5.5 de OpenAI—, pero ninguno tiene sede en la región, obligaciones de gobernanza con ella ni pasó por una consulta regional. Que la cumbre produzca compromisos concretos o solo otra declaración de principios dirá mucho sobre la capacidad real de articulación de la región.

Lanzamientos

  • GLM-5.2 (Zhipu AI / Z.ai) — modelo de 744.000 millones de parámetros con arquitectura de “mezcla de expertos” (40.000 millones activos por consulta), ventana de contexto de un millón de tokens y licencia MIT, descargable en HuggingFace y desde Z.ai. La empresa afirma que supera a GPT-5.5 en programación de contexto largo a cerca de un sexto del costo, pero los benchmarks son propios: conviene esperar evaluaciones independientes, idealmente en español, antes de darlos por ciertos.

Hilos que seguimos

El veto que Estados Unidos impuso hace poco más de una semana a Fable 5 y Mythos 5 —los dos modelos más potentes de Anthropic, “apagados” en todo el planeta mediante un control de exportaciones— sigue generando ondas. Hoy se sumaron dos capítulos: un laboratorio chino que convierte el bloqueo en argumento de marketing para su propio modelo abierto, y una nueva política de privacidad de Anthropic, efectiva el 7 de julio, que incorpora verificación de identidad gubernamental y datos biométricos. Esa última pieza sugiere un posible camino de restauración del acceso basado en verificar la ciudadanía del usuario; si se implementa así, el veto dejaría de ser geográfico para volverse personal, con consecuencias distintas —y aún inciertas— para quienes están en América Latina.


¿Puede una región que documenta con tanta precisión lo que no funciona —deepfakes sin sanción, modelos bloqueados sin consulta, cumbres sin asiento— convertir ese registro en capacidad de acción? La próxima semana, entre las urnas de Colombia y la mesa de Santo Domingo, empieza a responderse.

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