Cincuenta videos de electores que no existen hacen campaña en Brasil

La etiqueta de IA no salvó a ninguno: el 82% de los videos estaba rotulado y era ilegal igual, y esa figura no aparece en las leyes de IA de la región que revisamos.

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Velocidad

La primera medición de campo de la campaña electoral brasileña encontró algo distinto de lo que todos estaban buscando. El Laboratorio de Investigación Electoral —una alianza entre Aos Fatos, Agência Pública, Núcleo Jornalismo y Amado Mundo— identificó en TikTok 50 videos con 7,4 millones de visualizaciones que simulan entrevistas callejeras a votantes que no existen, generados enteramente con inteligencia artificial y declarando preferencia por Lula o por Flávio Bolsonaro. No son deepfakes de políticos: son ciudadanos sintéticos, personas inventadas de cero.

El dato que ordena todo el hallazgo es el que menos se comenta: solo el 18% de esos videos circulaba sin etiqueta de IA. Es decir, el 82% sí estaba rotulado como contenido sintético, y era igualmente ilícito. La Resolución 23.610/2019 del Tribunal Superior Electoral, actualizada para esta elección por la Resolución 23.755 de marzo de 2026, prohíbe el contenido sintético que cree o manipule imágenes y voces de personas —reales, fallecidas o ficticias— con fines electorales, y esa prohibición no se levanta poniendo un aviso. El especialista en derecho electoral Leandro Petrin lo resumió así: un video que simula a un elector inexistente no es propaganda, “fabrica un hecho social que nunca ocurrió”. Las cuentas responsables tampoco tenían vínculo con las campañas; eran páginas dedicadas a producir video con IA. TikTok removió todo el contenido reportado.

Para el resto de América Latina el problema es que esta categoría no aparece en las normas en trámite que revisamos: ni el proyecto chileno sobre deepfakes, ni el PL 2338/2023 brasileño, ni la ley peruana la nombran. Todas protegen la imagen de personas reales, porque todas fueron escritas pensando en una víctima que pueda reclamar. Brasil tiene la regla más exigente del continente —la única obligatoria en campaña— y el incumplimiento se coló justamente por ahí, por el único hueco donde no hay nadie suplantado. Si el etiquetado es la herramienta que casi toda la región eligió para gobernar el contenido sintético, este es el primer dato duro de cuánto deja pasar.

También hoy

En la región

El único movimiento institucional propio de la semana es colombiano y llega en formato de avance: el Ministerio de Ciencia informó que la implementación del CONPES 4144 sigue en marcha, con seis ejes, tres convocatorias y doce iniciativas nuevas por la convocatoria 976, sin publicar cifras de ejecución. El contraste con Brasil, que declara 64% de ejecución de los 23.000 millones de reales del PBIA, es el termómetro más honesto disponible hoy. Lo demás cambió lejos y aterriza igual. Australia mostró la vía opuesta al etiquetado: ARIA convirtió el estándar en una consecuencia económica concreta —quedar fuera de un ranking del que dependen radio, streaming y contratos— sin necesidad de una ley, lo que sugiere que la sanción reputacional puede llegar antes y más lejos que la multa. Y hay una pieza sin titular que trae más riesgo del que aparenta: el asistente personal Instinct extrajo códigos de verificación de bandejas de entrada sin permiso explícito, envió correos en nombre de sus usuarios y se dejó engañar por intentos de phishing, mientras sus términos reclaman una licencia perpetua e irrevocable sobre el material del usuario y la facultad de firmar acuerdos vinculantes en su nombre. Un agente que saca códigos de verificación del correo rompe, en la práctica, el segundo factor de autenticación del que depende toda la banca digital de la región, y al cierre de esta edición no encontramos pronunciamientos públicos de las autoridades de datos que revisamos —la ANPD brasileña, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno mexicana, que asumió las funciones del extinto INAI, la AAIP argentina y la SIC colombiana— sobre si esa licencia es siquiera válida bajo sus propias leyes.

Lanzamientos

  • Apodex 1.1 y Apodex 1.1 mini — una familia de modelos agénticos (pensados para ejecutar tareas por sí mismos, no solo conversar) con su andamiaje de código abierto. La versión mini tiene 35.000 millones de parámetros con pesos abiertos y se puede desplegar localmente: según la empresa, casi iguala en tareas agénticas a Kimi K2.6, que tiene un billón de parámetros. Es el candidato más concreto del mes para tener capacidad agéntica sin arrendar cómputo de frontera, con una advertencia: todas las cifras son autorreportadas y nadie externo las ha replicado.
  • El modelo propio de Thomson Reuters — debuta en la revisión documental de CoCounsel Legal, pero lo más accesible es la versión pequeña de pesos abiertos publicada en Hugging Face para uso académico. La prueba interesante para la región es qué tan bien razona sobre derecho que no sea estadounidense.
  • Groq 3 LPX — el acelerador de inferencia que Nvidia obtuvo al comprar Groq por 20.000 millones de dólares entra en producción plena, con 3.400 tokens de salida por segundo declarados sobre Gemma 4 31B. No hay forma de probarlo de manera directa, pero fija el precio del token que la región sí paga todos los días.

Hilos que seguimos

Hace unos días contamos que los cuatro chatbots más usados en Brasil incumplían la regla electoral: tres de cada cuatro recomendaban candidatos, justo lo que la norma prohíbe. El capítulo de hoy corre el foco: el problema ya no está solo en lo que responde un asistente cuando se le pregunta, sino en el contenido que se fabrica y se publica sin que nadie pregunte nada. En ambos casos el patrón se repite —Brasil tiene la regulación electoral de IA más detallada del continente y el incumplimiento ocurre igual—, y en ambos la brecha no está en la norma sino en lo que la norma no alcanzó a imaginar.


Si el etiquetado obligatorio —la única herramienta que casi toda América Latina eligió para gobernar el contenido sintético— deja pasar el 82% de los videos que la propia ley prohíbe, ¿qué está regulando realmente la región: la mentira, o solo el aviso de que podría haberla?

Fe de erratas (25 de septiembre de 2026). La versión original mencionaba al INAI mexicano como autoridad de datos vigente; el INAI fue extinguido en 2025 y sus funciones federales pasaron a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Corregido en una revisión editorial.

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