OpenAI ofrece al gobierno de EE.UU. un 5% de sí misma

Según un reporte del Financial Times replicado el mismo día por Bloomberg, CNBC y Forbes, OpenAI planteó ceder al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa. El esquema, inspirado en el “Alaska Permanent Fund” —el fondo con el que ese estado reparte entre sus habitantes las rentas del petróleo—, equivaldría a unos 42.600 millones de dólares sobre la valuación que la compañía tenía en marzo de 2026. Sam Altman lo habría sugerido, además, como un modelo extensible a Anthropic, Google y Meta.

Es la primera vez que un laboratorio de inteligencia artificial de frontera propone formalmente que un Estado sea copropietario de su negocio. La lógica es política más que financiera: ceder una tajada de la torta para atenuar el rechazo creciente a la concentración de poder en manos de un puñado de empresas. Si el gobierno es socio, la crítica al tamaño y la influencia de estos laboratorios se vuelve, en teoría, más difícil de sostener.

Para América Latina el dato importa como espejo. Ningún gobierno de la región tiene hoy la posición negociadora ni el mecanismo legal para plantear una conversación equivalente sobre la infraestructura de IA extranjera que ya opera —y factura— dentro de sus fronteras. Mientras Washington discute cuánto de OpenAI le corresponde, los países de la región siguen siendo clientes de servicios que se entrenan, cobran y deciden sus reglas en otro hemisferio. El contraste no es sobre codicia: es sobre quién tiene palancas cuando la infraestructura crítica es de otro.

También hoy

Anthropic conversa con Samsung para fabricar su propio chip de IA — sigue el camino que ya tomó OpenAI con su chip “Jalapeño”: cada laboratorio de frontera busca ahora su propio silicio para no depender de terceros.
Microsoft lanza “Frontier Company”, una unidad de IA empresarial de 2.500 millones de dólares — 6.000 expertos para implementar IA a escala en grandes clientes, un terreno donde compite con consultoras como PwC, KPMG y Accenture, muy presentes en la región.
Correos judiciales revelan la ruptura entre Dario Amodei y el Pentágono — el CEO de Anthropic se negó a flexibilizar los límites éticos de Claude para vigilancia y armas autónomas, según los emails, origen de la designación de la empresa como “riesgo de cadena de suministro”.
Tesla topa en 200 dólares semanales el gasto en IA de sus empleados, pero exime a Grok — es el quinto caso conocido, tras Uber, Meta, Amazon y Walmart, de una gran empresa poniendo tope al gasto interno en asistentes que trabajan de forma autónoma.

En la región

Dos noticias muestran a la IA entrando en la gestión pública latinoamericana por la puerta de servicio. El gobierno de la ciudad de Buenos Aires presentó BAX, un asistente conversacional para consultar trámites y servicios; y en Guatemala, la herramienta “IdentIA” del instituto forense permitió identificar por primera vez a una mujer en la morgue tras un mes sin ser reconocida.

En paralelo, esta semana Ginebra concentra dos mesas de gobernanza global con representación desigual para la región. El 2 de julio se lanzó la “AI for Good Global Commission” de la Unión Internacional de Telecomunicaciones —copresidida por el presidente de Ruanda y el CEO de Salesforce, con más de 40 miembros fundadores entre jefes de Estado y ejecutivos de laboratorios— sin ningún país latinoamericano confirmado como fundador. Pero en el mismo lugar y los mismos días, la embajadora salvadoreña Egriselda López copreside junto a Estonia el Global Dialogue on AI Governance de la ONU (6 y 7 de julio), el mecanismo intergubernamental que sí tiene un asiento de conducción para la región. Conviene tener claro el matiz antes de simplificar la narrativa de “América Latina fuera de la mesa”: está presente en el diálogo entre gobiernos y ausente en la comisión de la industria.

Hilos que seguimos

Los correos entre Dario Amodei y el Pentágono aportan una pieza a una historia que veníamos siguiendo. En junio, Anthropic fue designada “riesgo de cadena de suministro” y su modelo Fable 5 estuvo vetado 19 días antes de volver al público el 1 de julio; los emails ahora conocidos sugieren que detrás de esa fricción hubo una negativa de la empresa a relajar los límites de Claude para usos militares. En la misma línea de tensión con actores estatales, y según el Financial Times, Anthropic sumó una segunda capa de respuesta al episodio de destilación de su modelo por parte de Alibaba: ahora bloquearía los accesos de firmas chinas a Claude a través de subsidiarias y redes privadas virtuales. El pulso entre laboratorios y gobiernos por quién controla estos modelos sigue escribiéndose casi a diario.

Si OpenAI está dispuesta a ceder un 5% de su propiedad para comprar legitimidad política, ¿qué tendría que pasar para que un gobierno latinoamericano pudiera siquiera plantear una conversación parecida sobre la IA que ya opera dentro de sus fronteras?

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