La infraestructura de vigilancia con inteligencia artificial de un país latinoamericano completo cuesta 1,2 millones de dólares, y esa es la noticia. Amnistía Internacional publicó “Estado de vigilancia”, el primer informe que reconstruye el inventario tecnológico de vigilancia masiva del Estado argentino usando exclusivamente documentos de compra pública y pedidos de acceso a la información. No hubo filtración ni fuente anónima: el expediente estaba a la vista.
Lo que el Estado compró entre 2024 y 2025 se lee como un catálogo: plataformas de inteligencia de fuentes abiertas —OSINT, sistemas que recolectan y cruzan grandes volúmenes de datos de redes sociales, sitios web, la dark web e infraestructura técnica—, licencias de reconocimiento facial, drones y estaciones de control terrestre con seguimiento automatizado, cámaras térmicas y equipos de transmisión de imagen en tiempo real. La metodología combina veintiuna entrevistas a periodistas, activistas, jubilados y defensores de derechos humanos con el análisis de decenas de expedientes de contratación. Matt Mahmoudi, asesor sobre IA y derechos humanos de la organización, resume el hallazgo: estas tecnologías “se han convertido en parte integrante de la infraestructura de control estatal”.
Lo relevante para la región no es Argentina: es el método. La compra pública se está convirtiendo en el punto de control más realista que tiene América Latina sobre la IA estatal, muy por delante de cualquier ley, porque es donde la capacidad se vuelve contrato antes de volverse política. Se adquiere por montos que no exigen licitación mayor, a proveedores que no se anuncian, y el único rastro público lo audita quien decida sentarse a leer las órdenes de compra. La pregunta que deja el informe es incómoda de lo simple que es: qué encontraría el mismo ejercicio en ChileCompra, en SECOP II, en ComprasNet o en el SEACE.
También hoy
- OpenAI ofrece monitoreo de abuso sin retención de datos — La privacidad dejó de ser un compromiso ético y pasó a ser característica de venta entre laboratorios; el anuncio apunta directo a la política de retención de 30 días de Anthropic. Bancos y ministerios de la región elegirán proveedor por esa política, no por la capacidad del modelo.
- De 1.357 dispositivos médicos con IA autorizados por la FDA, solo tres se probaron en si el paciente vive más o mejor — La vía de autorización estadounidense exige “equivalencia sustancial” con un dispositivo previo, no beneficio clínico. Los estudios que existen excluyen a embarazadas, mayores de 75 años y personas que no hablan inglés; los reguladores sanitarios de la región reconocen esas decisiones para acelerar sus registros.
- Google regala un año de sus planes pagos de IA a universitarios en más de 140 mercados, y Bolivia queda excluida — La región recibe AI Plus, no AI Pro: la mitad de los beneficios. Bolivia aparece en la lista de exclusiones junto a Albania, Macao, Hong Kong y Túnez, sin explicación pública.
- Copilot delató su propia arquitectura porque le preguntaron insistentemente por qué no podía ser vulnerado — Los investigadores llaman “meta-hacking” a reformular cada negativa como nueva pregunta hasta que el asistente reveló un parámetro de URL no documentado. Microsoft tardó ocho meses en corregir la falla, en un producto conectado por defecto al correo, calendario y archivos del usuario.
- Los perros robot de Unitree salieron de investigación académica financiada por el ejército de Estados Unidos — Un investigador del MIT dice que las dimensiones del modelo chino son “al milímetro” las del Mini Cheetah que ayudó a diseñar, y que a los seis meses de publicar su tesis encontró los actuadores copiados a la venta en línea.
- Un extrabajador de seguridad de Meta declara ante el jurado que Zuckerberg no decía la verdad sobre la protección de menores — Arturo Béjar, ocho años en el área de seguridad de la empresa, sostiene que las funciones de protección estaban “diseñadas para fallar”.
En la región
El segundo hecho regional del día llega desde Brasil, en plena campaña: el análisis de Aos Fatos sobre los programas de gobierno de los cinco principales candidatos presidenciales muestra que atraer centros de datos de IA es el único punto en el que todos coinciden. Las diferencias son de énfasis —Lula condiciona a eficiencia energética y evaluación de impacto hídrico, Renan Santos propone convertir al Nordeste en la “Arabia computacional”—, pero ninguno de los cinco programas fija contrapartidas verificables: ni tarifa eléctrica auditada, ni acceso a cómputo para universidades públicas, ni empleo mínimo, en instalaciones hiperescala que emplean entre 30 y 50 personas. El contraste con la orden ejecutiva que Pensilvania firmó esta semana —aprobación municipal previa, prohibición de acuerdos de confidencialidad, el operador paga la red eléctrica completa— es exacto: allá la plantilla es de condiciones, acá es de incentivos. Brasil va a recibir esa infraestructura gobierne quien gobierne; lo que todavía está abierto es con qué contrato.
Lanzamientos
- Google AI Plus gratis por un año para universitarios — Doce meses del plan pago para estudiantes elegibles en más de 140 mercados: doble límite de uso, Gemini Omni, 400 GB, simulaciones 3D, cuestionarios de práctica y resolución de problemas con la cámara, más un Student Hub. Requiere una forma de pago válida y la oferta vence el 31 de diciembre.
- Agentes de nube de Cursor con suscripciones a eventos y metas persistentes — El agente se suscribe a un pull request o a un hilo de chat y despierta solo cuando algo pasa; con una meta declarada sostiene un objetivo de largo plazo hasta completarlo, y los subagentes corren en máquinas virtuales aisladas. Primero dejaron de pedir permiso, ahora dejan de esperar instrucción.
- Grok 4.6 en Amazon Bedrock — Ventana de 500.000 tokens y esfuerzo de razonamiento configurable, a 2,20 dólares por millón de tokens de entrada. Interesa menos por el modelo que por el canal: entrar al catálogo de Bedrock significa quedar dentro de contratos marco que bancos, universidades y ministerios de la región ya firmaron, sin evaluación nueva.
Hilos que seguimos
Veníamos siguiendo cómo la campaña presidencial brasileña se convirtió en el laboratorio regional de la IA aplicada a la política: primero las reglas del tribunal electoral sobre el uso de contenido sintético, después la medición que mostró a los asistentes conversacionales más usados del país recomendando candidatos pese a la prohibición. El capítulo de hoy mueve el foco del discurso a los fierros: los mismos cinco candidatos que se pelean por todo lo demás quieren, todos, los data centers que harán funcionar esos modelos. La discusión sobre qué puede decir un chatbot en campaña y la discusión sobre quién paga la electricidad que lo hace posible son, cada vez más, la misma discusión.
Si el inventario completo de vigilancia estatal de un país cabía en portales de transparencia que existen en toda la región, la pregunta ya no es si se puede auditar, sino quién tiene hoy el mandato y el presupuesto para sentarse a leer. ¿Qué aparecería si alguien hiciera ese mismo ejercicio en tu país?
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